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La ejecución presupuestaria es el secreto mejor guardado de una administración. Tenemos que cambiar el orden y volverla la información más explicada de todas.

La discusión presupuestaria es el debate más relevante del año en todas las administraciones, y los gobiernos aportan el desglose con todo detalle de cada partida de gasto. Este es, en principio, el gran ejercicio de transparencia sobre las finanzas públicas. Pero la realidad es que un presupuesto nos habla sobre todo de las prioridades políticas de un gobierno (que es muy importante), y no tanto de cómo se gasta y cómo se ingresa el dinero.

Es la ejecución presupuestaria diaria lo que de verdad nos indica qué acciones están siendo llevadas a cabo materialmente, y qué cuestan. Hasta el día de hoy, a la ciudadanía se nos escapan muchas cosas: qué empresas o qué entidades están siendo contratadas o subvencionadas por colaborar con la administración, cuanto se paga por los suministros (desde la luz hasta las hojas de papel ), cuanto los alquileres, a qué publicaciones se inserta publicidad, cuánto se ha gastado en la organización de un acto concreto, cuanto se ha pagado a un grupo para un concierto, cuanto se ha destinado a la edición de un libro conmemorativo, cuál es el coste total de una obra incluyendo los modificados, etcétera.

A la vez, tampoco podemos saber cuánto ha facturado una empresa o entidad en el ayuntamiento por el conjunto de trabajos que ha hecho durante todo un año, ni el beneficio que da por sí solo uno de los parkings que el ayuntamiento ahora saca a concesión, ni muchas otras cosas.

Esta es una información que es igual de secreta dentro de la propia administración. Cada gestor conoce básicamente la parte que él gestiona. De lo que estamos hablando es de una información que guardan los interventores y las áreas de presupuestos, con acceso exclusivo de los políticos que llevan las áreas de Hacienda. Protegen estos datos como se hacía con el tesoro de un faraón. Sin embargo, el 99% de estos datos no están protegidos como confidenciales porque forman parte de procesos que han tenido publicidad en algún momento. Lo que pasa es que nadie tiene la capacidad de recoger diariamente y ordenar toda la montaña de información que contienen las aplicaciones informáticas de gestión económica de una administración.

Poca gente se ha fijado en que las normativas sobre transparencia no abordan este tema. Se trata del margen que se reservan los gestores de las administraciones para poder actuar sin sentir la presión de que sus decisiones económicas serán conocidas por quien quiera cuando quiera.

Esta es una mala visión de las cosas. La opacidad sobre la gestión de las haciendas públicas no es "inmoral pero positiva". A la inversa, hace que muchas personas especulen con que hay unos niveles de corrupción en la administración que no son reales (aunque alguno sí haya habido, lamentablemente). Pero a la vez, esta opacidad es un contra-estímulo para el gestor público a la hora de pensar y repensar cómo se ejecuta una partida de gasto y buscar la máxima eficiencia.

Hoy es plenamente posible, a nivel técnico, que los sistemas informáticos de gestión económica vuelquen estos datos en un portal web, y por tanto que exista una política de transparencia total a nivel del gasto público.

Externamente esta es una reforma sencilla de asumir. Internamente será necesario establecer un período previo de explicación de la medida a nivel de todas las unidades de la administración, y especialmente del área de Hacienda.

En segundo lugar, habrá que definir el modo en que esta información se pone a disposición de la ciudadanía, para la ejecución de un presupuesto tiene una parte técnica que supone una barrera de entrada. No hay nada peor que la falsa transparencia, la que da la información en formatos que no son digeribles. Será pues necesario dar la información en bruto para quien sepa interpretarla y una información más "masticable" para quien no esté familiarizado.

Se creará un Portal de la Ejecución Presupuestaria en el que estarán disponibles todas las informaciones relativas al gasto económico de la administración en cuestión. Todas, y hasta el minuto anterior a la consulta realizada, sin excepciones. Una vez puesto en marcha el portal se pasará a integrar las empresas municipales, que habitualmente tienen sistemas informáticos de gestión económica diferentes.

Finalmente se enviará una carta a todos los hogares para dejar constancia de que pueden consultar esta información sin limitaciones. Se instruirá a los operadores de los servicios de atención al ciudadano para que puedan responder demandas de las personas que no son usuarias de Internet.

La calidad democrática no sale gratis. Este proceso exigirá diseñar y programar una nueva aplicación informática. A la vez, esta aplicación requerirá dedicar recursos humanos de manera permanente y habrá que prever el coste de su mantenimiento.