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Se propone la creación de un programa de secondments o comisiones de servicio que permita, en condiciones muy tasadas y sin sustituir empleo público en ningún caso, el que profesionales procedentes del sector privado que posean competencias infrecuentes en el sector público puedan colaborar con entidades públicas durante un tiempo limitado y de forma integrada en la estructura de dichas entidades. El coste laboral sería soportado por el empleador privado original y la colaboración no originaría ningún derecho para el empleado en lo que respecta a la entidad pública con la que colabore.
El modelo español de función pública establece unas estrictas condiciones de acceso al empleo público que garantizan la transparencia y meritocracia de los procesos de selección, así como la independencia de los funcionarios del poder político.
Mientras que los beneficios de un modelo de acceso de tales características son evidentes y han contribuido al desarrollo de una función pública profesional y positivamente valorada por los ciudadanos, sus inconvenientes, aun siendo menores, no son inexistentes.
Entre otros, se podría mencionar la acusada inercia de los procesos de contratación, que impiden, en determinados casos, el acceso a perfiles profesionales emergentes y, como consecuencia de ello, la limitada exposición de los empleados públicos a nuevas prácticas profesionales.
Por otra parte, para muchos profesionales, las características formales de la función pública y las limitaciones de su modelo actual de carrera puede no resultar una alternativa profesional deseada, aunque se comparta la importancia de su función y se estuviese en disposición de contribuir a la prestación de servicios públicos.
Es por ello, que la puesta en marcha de una iniciativa que permitiese incrementar la porosidad del sector público, permitiendo a profesionales procedentes del sector privado colaborar en la mejora de los servicios públicos sin renunciar a su carrera en su empleador, contribuiría al fluir de ideas entre ambos mundos y a la compartición de metodologías y experiencias.
Por su parte, las empresas participantes en la iniciativa, que en todo caso sería de alcance limitado y estaría circunscrita a aquellos puestos que no requieran de la potestad de un funcionario y que estén orientados a funciones de análisis, diseño y evaluación de políticas públicas, se beneficiarían del desarrollo de nuevos conocimientos y habilidades por parte de sus empleados, y de otros beneficios derivados de la notoriedad de su compromiso con los servicios prestados a la ciudadanía.